El debate sobre la lucha contra el calentamiento global en el Reino Unido, donde existe un comité parlamentario consagrado a las cuestiones de medio ambiente, ha llegado a sugerir al Gobierno a que imponga cuotas en las emisiones de carbono de cada ciudadano.

La propuesta contempla un límite anual a la llamada huella de carbono de los individuos y hogares, una suerte de puntos que los usuarios deberían administrar calculando el gasto en el combustible o los recibos de la luz para no sobre-pasarse. Todos aquellos que no agotaran ese crédito, contabilizado en una inevitable tarjeta de plástico, podrían vender sus excedentes energéticos a los consumidores más derrochadores.

Un trueque tan inédito como polémico, pero que el presidente del citado comité y su gran defensor, Tim Yeo, considera más justo que los impuestos verdes, destinados a penalizar el uso de las energías agresivas con la atmósfera a todo el mundo por igual.

Alguien que quizá no posee una mansión con piscina, que no puede tomar vacaciones anuales en el Caribe, podría beneficiarse económicamente si reduce sus emisiones de C02.

En otras palabras, se invita a los ciudadanos con menores recursos a comerciar con su ahorro energético como incentivo de hábitos más ecológicos o limpios.

La iniciativa fue considerada en su día por el Ejecutivo, aunque aparcada ante la inversión que supondría (hasta 2.600 millones de euros, y otro tanto en su implementación anual) y la complejidad de su aplicación, que debería tener en cuenta, entre otros, la edad de los afectados, su estado de salud y localización geográfica.

Los 16 diputados que integran el comité apelan a la valentía del Gobierno para poner en práctica la medida, a buen seguro impopular entre el público como revelan los sondeos, pero que provocaría, creen, un cambio de mentalidad y de comportamiento entre los ciudadanos, al exigirles pensárselo dos veces antes de subir la temperatura de la calefacción o de conectar el aire acondicionado.

Y contribuiría, según alegan estos 16 diputados, a cumplir el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 60% para el año 2050. El ministro británico de Medio Ambiente, Hilary Benn, se ha limitado a tildar el proyecto de interesante, frente al proclamado entusiasmo de los militantes verdes, que promueven la transición hacia una economía baja en carbono.

Sin embargo, la idoneidad de esta medida queda bastante en entredicho no solamente por la temporada de horas bajas por la que pasa el gobierno de Gordon Brown tras las ultimas elecciones municipales, si no también por la idea que lanzó este mismo gobierno de cobrar íntegramente los prestamos y sus intereses a los países emergentes por las ayudas al desarrollo tecnológico en contra del cambio climático.

Que algunas empresas puedan hacer negocios con la excusa del cambio climático no significa que los gobiernos también deban hacerlo, más que nada porque sus funciones no deberían incluir el lucro a costa de otros países ni de sus ciudadanos.

Fuente: El País