El Parlamento Europeo y los Gobiernos que integran los Veintisiete aprobaron la inclusión del sector aéreo en el Comercio de Emisiones de Dióxido de Carbono (Emission Trading Scheme) para luchar contra el cambio climático.
La industria de la aviación genera un 3% de todas las emisiones de dióxido de carbono de los 27 miembros de la Unión Europea, aunque hasta ahora estaba excluida del Comercio de Emisiones para evitar dañar su competitividad en el mercado internacional.
A partir de 2012 habrá un tope de permisos de contaminación para las aerolíneas basado en el promedio de emisiones entre 2004 y 2006, de modo que aquellas que superen el límite tendrán que comprar derechos suplementarios en el mercado a otras industrias. La mayoría de los permisos de emisión se distribuirán entre las compañías aéreas de manera gratuita, pero un 15% del total se subastará. Esto provocará que las emisiones se reduzcan en un 3% en ese primer año y un 5% a partir de 2013, según los cálculos del Parlamento.
Los topes a las emisiones no se aplicarán a los vuelos dentro de las regiones ultraperiféricas, como las islas Canarias, aunque sí se extiende a los aviones que transporten a miembros de la realeza, jefes de Estado, de Gobierno y ministros de la Unión Europea, pero la norma no se aplicará al transporte de los mandatarios extranjeros que visiten territorio comunitario.
La medida ha sido aprobada con 640 votos a favor y 30 en contra. En ella están incluidas todas las aerolíneas que vuelan en Europa, incluso aquellas que no pertenecen a los Veintisiete.
Un portavoz de la compañía alemana Lufthansa, una de las principales banderas de la aviación europea, ha advertido que este comercio de emisiones es contraproducente ecologicamente y dañino para la economía.
Según los cálculos de la compañía, la medida distorsionará la competencia y costará cientos de millones anuales a cada aerolínea.
El presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Giovanni Bisignani, lamentó la decisión del Parlamento Europeo porque la considera una respuesta incorrecta en un momento inadecuado, y también recordó que cerca de 130 estados están en contra de la directiva.
La IATA argumenta que la directiva sumará 3.500 millones de euros a los costes de la industria en su primer año de aplicación, cifra que aumentará cada año sin que existan garantías de que estos fondos sean reubicados en propósitos medioambientales.
Es el momento de que los políticos europeos sean honestos. Se trata de un impuesto de castigo puesto en marcha por gobernantes que quieren pintarse a sí mismos de verde. Lo peor es que no se trata de una iniciativa política europea coordinada.
Sin embargo, las protestas y demandas de honestidad por parte de las aerolíneas pueden ser poco más que una pataleta temporal, ya que como siempre pasa en estos casos, dentro de poco no serán las “honestas compañías” las que paguen esas emisiones, si no los “sufridos usuarios”, que verán como el precio de sus billetes, que ya incluye overbooking, tratos vejatorios y demás impuestos no reglados, suben como la espuma.
Fuente: El Mundo
