El 24 de julio de 2006, la ABIOVE (Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales) y la ANEC (Asociación Brasileña de Exportadores de Cereales) y sus respectivas asociadas se comprometieron a no comercializar soja oriunda de áreas que fueran deforestadas después de esa fecha, dentro del Bioma Amazônia.
Esta iniciativa es conocida como la Moratoria de la Soja y se le estableció una duración de 2 años. Su objetivo es conciliar el cuidado medioambiental con el desarrollo económico de la región, a través del uso sostenible y responsable de los recursos naturales.
Durante este periodo, el sector ha trabajado con entidades representantes de la sociedad civil (principalmente ONG’s ecologistas y sociales) para desarrollar e implementar una estructura de gobernanza a través de normas sobre como actuar en la Amazônia y exigir al gobierno brasileño definición, aplicación y cumplimiento de políticas públicas sobre el uso de la tierra en esta delicada región.
El ministro de medio ambiente brasileño, Carlos Minc, anunció recientemente que la moratoria ha sido renovada hasta el 23 de julio de 2010 y que va a experimentar algunos cambios.
El Grupo de Trabajo de la Soja (GTS), que reúne a los sectores empresariales citados, ABIOVE y ANEC, y ONG’s como Greenpeace, Conservação Internacional, WWF, TNC… entiende que, desde 2006, la iniciativa ha ayudado a reducir la destrucción de la selva y resalta la importancia de la consolidación de un sistema de monitorización combinando imágenes de satélite, aviones de vigilancia y visitas directas.
Para el GTS, todavía no existen las condiciones necesarias para la suspensión de la moratoria y el libre curso de los acontecimientos en la zona. Por eso, la renovación de la moratoria contempla algunos cambios, entre ellos, la inclusión de áreas pequeñas en el sistema de monitorización de la deforestación.
Según los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), está teniendo lugar un cambio en el perfil de la deforestación amazónica, con un aumento importante del número de áreas deforestadas inferiores a 100 hectáreas y la disminución de áreas mayores, justo las incluídas en la vigilancia.
El presidente de la ABIOVE, Carlo Lovatelli, comentó que una de las principales prioridades del GTS hasta julio de 2010 es estimular el registro y regularización ambiental de propiedades rurales.
“Para que el negocio agropecuario pueda operar con transparencia en la Amazonia, es necesario que el productor de soja registre su propiedad y que el gobierno haga su parte. Este es un paso fundamental para garantizar a los clientes la calidad medioambiental de nuestro producto“, dijo Lovatelli.
El GTS pretende presentar la experiencia de la moratoria de la soja durante la reunión de la Convención de la Organización de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se celebrará en diciembre en Copenhague. La idea es mostrar como medidas de responsabilidad corporativa pueden contribuir en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Iniciativas como esta necesitan recibir el apoyo de la comunidad internacional por medio de la adopción de mecanismos financieros que permitan apoyar la preservación de la selva y del clima sin perjuicio de la producción de alimentos“, afirmó Paulo Adario, director de la campaña Amazônia.
“El pago por servicios ambientales será un gran incentivo para que el productor rural deje de deforestar. La industria espera que, en Copenhague, los gobiernos de diferentes países asuman este compromiso“, dijo Lovatelli.
Fuentes: ABIOVE y Terra Brasil
Imagen: Planeta Sustentável