Lo que en un principio se consideró un aumento de precios por causa de la subida del petróleo o la producción de biocombustibles como el etanol, que habría hecho subir el precio de los cereales pese a que la producción en 2007 superó la de 2006, podría ser al menos en España, un pacto entre las principales organizaciones de la industria alimentaria.
Por ello, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores para realizar una investigación hasta concluir si vulneraron la ley pactando o propiciando las alzas de los precios de los alimentos de los últimos meses.
Aunque la CNC reconoce no haber encontrado pruebas de la existencia de acuerdos explícitos entre productores y comercializadores para elevar los precios, en el comunicado que hoy ha remitido considera que, a tenor de las investigaciones hechas hasta la fecha, estas asociaciones podrían haber incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.
En concreto, la Comisión cree posible que las patronales alimentarias hayan incumplido el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia, por el que se prohibe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que pueda impedir, restringir o falsear la competencia.
La CNC ha informado ya a todas las organizaciones expedientadas, y ahora se da un plazo de dieciocho meses para concluir sus investigaciones y, en caso de que se confirmen sus sospechas, sancionar a los culpables. Con la apertura de los expedientes culmina una primera fase que comenzó en otoño del año pasado, cuando la Comisión inició de oficio investigaciones ante el fuerte encarecimiento de alimentos básicos.
El propio presidente de la CNC, Luis Berenguer, advertía entonces de que las declaraciones de los responsables de ciertas organizaciones alimentarias advirtiendo de la subida de precios parecía un aviso a navegantes, es decir, al resto del sector para que encareciera sus productos.
Según el comunicado remitido por la Comisión, las asociaciones expedientadas son diez, además de la organización en la que casi todas están integradas: la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB). A la FIAB y siete de sus asociaciones se les ha incoado expediente para determinar si la política de comunicación que han puesto en práctica pudiera ser contraria al artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia.
Las organizaciones interprofesionales de productores de carne de pollo (Propollo) y de huevo (Inprovo) tienen también abiertos expedientes debido, en el primer caso, a las declaraciones públicas de sus representantes, y en el segundo a las notas de prensa publicadas sobre el alza de los precios.
El último de los expedientes abiertos por la CNC es a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias, aunque otras organizaciones de este sector podrían ser también investigadas por los órganos de competencia autonómicos, a los que la CNC ha remitido documentación sobre diversas declaraciones de sus responsables.
Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), Asaja, COAG y UPA valoraron la decisión de la CNC pidieron investigar más a fondo y a todos los eslabones de la cadena alimentaria, no sólo la industria.
Así pues, se deberá esperar el resultado de las investigaciones, dentro de 18 meses, para conocer si hubo pacto o podemos añadir otro mal a los daños colaterales del cambio climático.
Fuente: La Sexta Noticias
