La UE parece dispuesta a seguir siendo la referencia mundial en la lucha contra el cambio climático y la comisión del ramo en la Eurocámara decidió también que si hay un acuerdo internacional para alcanzar el 20% de reducción de gases nocivos para 2020, la Unión se aplicará a sí misma estrategias para llegar hasta el 30% en esa fecha.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría compromisos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, entre ellos, el fin de la gratuidad de los derechos de emisión de las eléctricas a partir de 2013. Las eléctricas son las primeras que deben olvidarse de ellos pero todos los sectores deberán hacer lo mismo de forma paulatina hasta 2020. Los países que exceden las cuotas asignadas de emisión de gases serán multados a razón de 100 euros por tonelada de CO2 de exceso.
También hay propuestas de recorte a largo plazo: del 50% en 2035 y entre el 60 y 80% en 2050.
Lo explicaba así Avril Doyle, la conservadora irlandesa que ha sacado adelante el plan, en grandes líneas el mismo de la Comisión Europea:
El clima económico ha ido de mal en peor, pero el más grave reto al que nos enfrentamos es el cambio climático y no se puede esperar a que haya liquidez en los bancos o que aumente el producto interior bruto.
Enfrente se encontró con la oposición de casi todo su grupo político, el Partido Popular Europeo, y de numerosos representantes de la industria, que alertan sobre incrementos de costes, deslocalizaciones y desempleo.
La comisión parlamentaria también presentó criterios para evitar que la “fuga de carbono” –en referencia a las compañías que abandonen la UE para evitar las exigencias medioambientales europeas– perjudique competitivamente a las compañías que hacen un uso intenso de la energía. En este sentido, sugirió que se aumente el límite para entrar a formar parte del sistema de comercio de emisiones de 10.000 toneladas anuales de CO2 a 25.000.
Otro punto acordado por la comisión de Medio Ambiente se refiere a la captura y almacenamiento de dióxido de carbono procedente de las emisiones. La UE se había comprometido a poner en marcha antes de 2015 entre 10 y 12 proyectos, pero sin concretar de donde procederían los fondos para financiarlos. Los eurodiputados defienden que se cubran los gastos con parte de los beneficios que se obtengan cuando la concesión de derechos de emisión gratuitos que ahora practican los países sea sustituida por un sistema de subasta a partir de 2013.
La UE quiere que los beneficios de la venta de 500 millones de toneladas de CO2 (unos 10.000 millones de euros, según cálculos del eurodiputado liberal Chris Davies) financien los proyectos. Los informes aprobados ayer por la comisión parlamentaria no serán votados en el pleno de la Eurocámara hasta diciembre.
Fuente: Biodiesel Spain y Energías Renovables