El uso de pesticididas ecológicos ha aumentado considerablemente en España en los últimos años. La causa parece ser un combinado compuesto por el miedo a las fuertes sanciones administrativas, la pérdida de prestigio frente al cliente europeo y las normativas de la Unión que cada vez hacen más dificil utilizar la mayor parte de los pesticidas químicos tradicionales sin vulnerar la ley.
Un reportaje de la revista Integral cuenta cual ha sido la evolución en el uso de pesticidas en Murcia y Andalucía en los últimos tres años.
La detección en 2007 de un pesticida tóxico (isofenfus-metilo), ya prohibido, en pimientos exportados a Holanda, Alemania y Reino Unido produjo una grave crisis en los productores, en este caso de Almería, por la caída de ventas. Se la conoció como la crisis de los pimientos.
Desde 1993, año en que la Unión Europea comenzó a realizar estudios en los pesticidas químicos para detectar posibles efectos adversos, la mayoría (aproximadamente un 70%) de estos han sido prohibidos.
La prohibición no supone que desaparezcan del mercado ya que a raíz de la misma se crea rapidamente un mercado negro en el que la mercancía es provista por países con leyes más laxas en ese sentido. En este caso, el principal proveedor es China.
Estos pesticidas ilegales son increíblemente fáciles de introducir en España desde China por barco y los agricultores se inclinan por ellos al ser más baratos que sus alternativas legales.
Sin embargo, el alto número de detenciones, imputaciones y sanciones administrativas aplicadas en Murcia y Andalucía en los últimos años ha provocado que los infractores se lo piensen dos veces. La Guardia Civil y los técnicos del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) han realizado inspecciones a conciencia y han sido inflexibles.
Además de la presión de los inspectores, parece que la crisis de los pimientos abrió realmente los ojos en el sector. La caída de las ventas y las campañas en contra de las hortalizas españolas hicieron mucho daño.
Pero lo que realmente ayudó fue el acuerdo, al parecer promovido por las distintas administraciones de Medio Ambiente, para llegar a un punto intermedio dentro de la legalidad: como los productos biológicos son mucho más caros que los tradicionales, la solución fue el llamado control integrado que mezcla las soluciones biológicas con químicas permitidas que permiten que el precio baje.
AEPLA, la patronal de los plaguicidas apoya completamente esta fórmula y por supuesto, también la biológica pura pues son los primeros en ver perjudicada su imagen ante los escándalos de pesticidas ilegales pese a no fabricarlos desde que entró en vigor la prohibición. Por esto mismo, posicionarse en contra de los agroquímicos prohibidos supone también mermar a su principal competencia (según ellos, desleal) que de nuevo es China.
Los datos de 2007, muestran 3.428 inspecciones realizadas por la patrulla verde de la Guardia Civil en un año, 5.144 denuncias administrativas y 39 penales, ocho detenidos y 24 imputados. En 2008 solo en Andalucía, hubo 615 inspecciones, 501 infracciones administrativas, 12 penales, 38.000 kilos de fitosanitarios intervenidos y 11 personas imputadas, lo que indica que la situación ha mejorado mucho.
A finales de 2008 se puso en marcha un teléfono de avisos 902 donde se puede denunciar anónimamente el uso de agroquímicos prohibidos.
Aún así, la batalla a estos productos aún no está ganada y la razón es simple: los agricultores se ven en muchos casos ahogados económicamente para poder pagar los productos biológicos. Sólo la innovación y la competencia pueden abaratarlos así como la comprensión de las autoridades a la hora de aplicar tiempos de cumplimiento.
Fuente: La Revista Integral
Imagen: Natura – Medio Ambiental