Tras abrir consultas abiertas con los agentes sociales el pasado 9 de septiembre el gobierno español se comprometió a presentar el primer boceto de la nueva ley el pasado 16 de octubre. Ahora parece que un consenso básico puede materializar un primer documento antes de finales de mes.
Sin conocerse todavía más que las grandes líneas, no son pocos los artículos que se publican en la prensa española anunciando que tanta voluntad de consenso sólo producirá una ley descafeinada, entre otras cosas por la negativa de la patronal a aceptar impuestos ecológicos como los que propugnan los partidos de izquierda aliados del gobierno (ERC e IU).
Pero la polémica se esconde en cada rincón de una ley que sólo tendría los efectos deseados de romper el status quo de la economía española, desde la estructura de transportes al sector turístico, principal sector exportador español.
De momento todas las fuerzas sectoriales, empezando por la patronal TIC, intentan posicionarse frente al gobierno reclamando recortes impositivos y ayudas económicas.
Sin embargo, al presentarse la ley después de la aprobación de los presupuestos generales del estado, y a pesar de que aún es posible cierta movilidad de fondos en temas como la dotación a la investigación universitaria, la ley no comenzaría a reflejarse en las prioridades del gasto y la inversión públicas hasta 2011, año preelectoral, por lo que es de esperar que el componente regulatorio sea el principal instrumento de sus objetivos a corto plazo.
Ilustración: País Rural (Colombia)