El expediente del caso del Prestige, el petrolero que hoy hace cinco años sufrió una grieta en el casco, partiéndose en dos frente a las costas gallegas a los seis días, descansa en el pequeño juzgado de Corcubión. Nada más que ocho jueces ya han pasado por el caso, que lleva cinco años encallado y sin avanzar.

Las playas están mas que menos recuperadas y el sector pesquero va saliendo adelante. Pero los dos principales imputados por el mayor desastre ecológico de la historia de España, el capitán Apostolos Mangouras, y José Luis López Sors, ex alto cargo del Gobierno del PP, esperan a que les llegue la citación para sentarse en el banco.

Joaquín de Fuentes, que representa al Gobierno en el caso, no se atreve a poner fecha.

Debemos hacer una reflexión: está claro que el sistema se equivocó. No puede ser que un caso de esta envergadura, con miles de afectados y cientos de trámites, recaiga en el modestísimo juzgado de Corcubión. Ahora ya no se puede hacer nada, pero no tiene sentido que no se elevara a la Audiencia Nacional en su día. Al juzgado de Corcubión le han estallado literalmente las costuras con el caso Prestige.

Para el subdirector general de lo Contencioso, Manuel Rivero, la situación es desesperante.

Cada vez que llega un juez nuevo tiene que ponerse al día con el caso y todo se retrasa otra vez. ¡Es muy frustrante!

Según la tesis de los responsables del barco, una gran ola o un contenedor semi sumergido chocó con el casco del Prestige y abrió la vía de agua. Y por otro lado, la mala gestión del Gobierno español, alejando el barco de la costa y provocando el hundimiento definitivo.

Por su parte, la Abogacía del estado asegura que no hubo ni ola ni contenedor, y que el alejamiento del barco fue correcto.

Pedro Trepat, abogado de Nunca Mais, no piensa lo mismo. Para él fue un disparate:

Había un temporal, la decisión de alejar un barco así de tocado fue descabellada. Por eso nosotros ampliamos la imputación a López Sors: el Gobierno del PP amplificó los daños por su error garrafal, y eso debe quedar claro para que nunca más vuelva a ocurrir.

Pero el caso del Prestige no se juzga solamente en Corcubión. En Nueva York se trata la parte civil: el Estado español mantiene un pleito contra la certificadora ABS en el que pide 1.000 millones de dólares por los perjuicios causados. ABS es la empresa certificadora que aseguró en sus informes que el Prestige estaba en condiciones perfectas para la navegación comercial. Por lo que el Abogado del Estado lo tiene clarísimo:

En materia de barcos, lo que diga un certificador va a misa. ABS dijo que el Prestige estaba en condiciones de navegar y no lo estaba. No fue negligencia, fue algo peor.

Fuente: El País