Teóricamente, ayer 30 de octubre entraron en vigor las nuevas normas medioambientales que requerirán a ciertas instalaciones industriales un permiso para poder operar. Unas 3000 fabricas españolas no disponen aún del permiso.
La Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobada en 1996, intenta mejorar sustancialmente el comportamiento ambiental de toda la industria europea, implantando mejorastécnicas en cuanto estén disponibles y estableciendo límites de emisiones a la atmósfera, además de unificar los diferentes tipos de permisos ambientales que existen en cada estado miembro en uno solo, la Autorización Ambiental Integrada.
Tras estos 11 años de plazo para realizar la adaptación, más de la mitad de empresas españolas afectadas por la nueva legislación no tienen aún este permiso, cosa que técnicamente debería comportar el cese de su actividad hasta que lo consigan, o arriesgarse a pagar multas que llegan a 2 millones de euros.
Según Ecologistas en Acción, a los seis años que tardó el Gobierno de José María Aznar en adaptar la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las comunidades autónomas para aplicar la norma, con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses, y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.
Una disposición transitoria de la ley, introducida por el entonces Ministro Jaume Matas, permite que las empresas sigan funcionando si no disponen de la autorización, siempre y cuando la hubiesen solicitado antes del 1 de enero de 2007, disposición que impugnó la Comisión Europea ante el Tribunal Supremo de Luxemburgo, y que seguramente será derogada por la la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.
La mayor parte de estas empresas sin permiso se acogieron a esta disposición.
Los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía al día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma.
Gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelantó tres años en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20% y Cantabria en un 5%.
Fuente: El Mundo
