Ecoperiodico

España va a ser el primer gran comprador de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2 ) en países del Este de Europa. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha cerrado la compra de 6 millones de toneladas de CO2 en Hungría y negocia con Polonia, Ucrania, la República Checa, Letonia, Lituania y Estonia para conseguir cumplir el Protocolo de Kioto mediante la compra de los excedentes que estos países lograron con el cierre de las fábricas comunistas tras la caída del muro de Berlín. El Gobierno afirma que necesita 159 millones de toneladas -según un cálculo optimista- por el exceso de emisiones en el transporte y los hogares.

Antes de mirar a Europa del Este ya ha puesto en marcha proyectos de energía limpia principalmente en América Latina por 60 millones de toneladas, según explica la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera. El precio medio de los proyectos aprobados es de 7,8 euros por tonelada, por lo que el coste total de los derechos que necesita el Gobierno, si se cumple su previsión y el precio se mantiene, sería de 1.240 millones de euros.

Con estos acuerdos en el Este, España abre la puerta a uno de los mecanismos más controvertidos del Protocolo de Kioto, el punto que se creó para que Rusia firmara y que beneficiaba a los países ex comunistas. En 1990 estos Estados tenían fábricas muy contaminantes que cerraron, de modo que ahora pueden vender esos derechos de emisión. Los críticos argumentan que eso no redunda en una mejora del medio ambiente (las fábricas cerraron por ineficientes). El Gobierno afirma que ha vinculado su inversión en estos países (pueden alcanzar cientos de millones de euros, pero Medio Ambiente dice que aún ignora la cifra) a que lo inviertan en energías renovables y en protección del medio ambiente.

Somos de los primeros en cerrar compras en estos países, aunque Bélgica y Japón han hecho alguna operación.

España es el país industrializado que más se aleja de Kioto y, junto con Japón y Canadá, el gran emisor que debe acudir al mercado para cumplir el protocolo internacional de contención de gases de efecto invernadero en 2012.

España emitía en 2007 un 50% más que en 1990, aunque el reparto en la UE de las emisiones de Kioto sólo le permite un 15%. El Ejecutivo mantiene que las emisiones entre 2008 y 2012 bajarán hasta superar en 37 puntos el nivel de 1990. Esto supondría rebajar en 25 puntos las emisiones en sólo cinco años. El Ejecutivo compra derechos por el exceso en la vivienda y el transporte. Además, la industria tendrá que comprar si supera lo asignado. La previsión oficial es que las empresas tengan que adquirir 130 millones de toneladas de CO2, casi tanto como el Gobierno.

La compra de derechos a países del Este se suma al uso de los llamados mecanismos de desarrollo limpio (MDL), la inversión en energías renovables en países en desarrollo y cuya reducción de emisiones se computa en el país desarrollado. Con este sistema, España ya tiene encarrilados (el trámite de aprobación en la ONU es muy lento) unos 60 millones de toneladas (el equivalente a la emisión de seis millones de españoles en un año) con una inversión que ronda los 370 millones.

De estos 84 proyectos ya aprobados, una mayoría está en América Latina y el Caribe (49%). El resto, en Asia (43%), Europa del Este (5%) y África (3%). Se trata, por ejemplo, de una planta de biogás en un vertedero en Chile realizado por Unión Fenosa, un parque eólico de Acciona en Karnataka (India) o un proyecto de reforestación en la cuenca del Nilo en Uganda impulsado por el Banco Mundial. En algunos de ellos también hay participación privada.

Ribera explica que la prioridad del Ejecutivo es reducir las emisiones a nivel nacional pero sostiene que el reparto de las emisiones en la UE penalizó a España y que por eso tiene que recurrir a comprar en el exterior. Y ahí, la preferencia está en los mecanismos de desarrollo limpio, principalmente en América Latina aunque los proyectos se están desplazando hacia China e India, ya que allí es más sencillo hacer grandes obras. La tercera opción es la que ahora pone en marcha, la compra a los países del Este, un mecanismo contemplado en el Protocolo y conocido como compra de aire caliente.

El presidente de honor del sindicato verde Sustain Labour, Joaquín Nieto, afirma que

la compra de aire caliente es la peor de las opciones, porque no reduce las emisiones.

Ribera sostiene que ante la dificultad de desarrollar un MDL -”no es un atajo montar un parque eólico en Latinoamérica”- no hay otra opción. Pero sostiene que estos recursos tienen sentido si se vinculan al medio ambiente y mantiene que en los acuerdos de intenciones firmados con estos países se especifica que podrán invertir los cientos de millones que reciban en la mejora del medio ambiente.

Fuente: El País